Suspensión-Condicional-del-Proceso

El procedimiento abreviado materia penal

Penal

Contenido en el CNPP. SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO. art. 5.1. Fracc. c) Procedimiento abreviado. Para su procedencia, entre otros requisitos, debe ser solicitado por el Ministerio Público, quien deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación contendrá la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Además, es necesario que la víctima u ofendido no presente oposición fundada al procedimiento abreviado. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. [1]

Es una figura jurídico con utilidad práctica que es la aplicación del derecho en búsqueda de justicia, logrando la terminación anticipada de un proceso, cuando la persona que cometió un delito acepta su responsabilidad por los hechos que se le imputan, tratando de que las partes sean beneficiadas, es decir, el imputado, la víctima, el ofendido, el Ministerio Público, los Juzgadores, la sociedad; cada uno de los mencionados puede ver intereses satisfechos en esta figura, teniendo oportunidad de ejercicio hasta antes de audiencia de juicio oral.

En lo que respecta a las peculiaridades de la audiencia especial de juicio abreviado destacan las siguientes:

El procedimiento abreviado solo puede ser solicitado por el Ministerio Público.

Una vez que se ha solicitado su aplicación y el imputado ha aceptado los hechos que se le atribuyen y manifestado su deseo de ser sentenciado en un procedimiento abreviado y renunciar a un juicio oral, el juez debe verificar que las aceptaciones del imputado no se han obtenido por medio de extorción, falsas promesas o coacción alguna para poder dar su aprobación en la celebración de la audiencia especial.

Si el juez detecta que el imputado no comprende los alcances de la aplicación del procedimiento abreviado, ordenará la suspensión de la audiencia y el proceso seguirá su curso ordinario, pero la aceptación de hechos por parte del imputado se  estimará y no podrá ser utilizada durante el proceso.

La sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado es en base a los antecedentes de a investigación del Ministerio Público y la aceptación de hechos del imputado, por lo que se hace un relevo de la prueba, las que normalmente se desahogan en una audiencia de juicio oral.

La sentencia del procedimiento abreviado la dicta un juez de control y no un tribunal de juicio oral, porque al haber relevo del desahogo de pruebas, no es necesaria la valoración por tres juzgadores. (Inicialmente era la razón)

Dentro del procedimiento abreviado se pueden dictar sentencias absolutorias, debido a que existen supuestos en que los hechos aceptados por el imputado no son constitutivos de delito, y también porque la simple aceptación de hechos no obligan al juez a condenar, es decir, la aceptación de hechos debe ser congruente con los datos de la investigación y asegurarse de que la persona que está aceptando su responsabilidad por un hecho punible, fue realmente quien lo llevo a cabo.

Controversias sobre los alcances del procedimiento abreviado.

Como hemos visto, esta es una institución jurídica debidamente regulada pero que no obstante lo anterior, no ha dejado de generar controversias por lo que me permitiré exponer algunas que considero las más relevantes.

Principio general de no autoincriminación. El artículo 20 constitucional apartado B fracción II De los derechos de toda persona imputada establece su derecho a declarar o a guardar silencio sin que ello pueda ser utilizado en su contra. Por lo que hace a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José) celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en su artículo 8 fracción g “le otorga a toda persona la garantía o derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. Esperemos que en nuestro país no nos encontremos con algún caso en donde las autoridades “inviten” al imputado a acogerse “voluntariamente” al procedimiento abreviado, habida cuenta de que aún somos un país señalado por organismos internacionales por la práctica de la tortura.

La función jurisdiccional del Ministerio Público. Según lo establecido por el artículo 21 constitucional corresponde a la autoridad judicial “la imposición de las penas, su modificación y duración” extremos que no se cumplen en el procedimiento abreviado ya que de acuerdo con el artículo 206 del CNPP el Juez de Control no solamente no impone la pena sino que tampoco puede aumentar la que ya “impuso” el Ministerio Público en la solicitud de apertura del procedimiento abreviado.

La justicia negociada o la pena negociada. Desde el punto de vista de la víctima o del ofendido, seguramente el proceso puede apreciarse desde dos perspectivas. La primera, como una forma de evitarse pasar por la agonía que produce revivir el episodio delictivo en un juicio oral. Escuchar los hechos, los interrogatorios y los alegatos en pro o en contra, debe ser un episodio difícil de digerir. Pero por otro lado, la sensación o la percepción de que no se logra la justicia reclamada cuando la medida privativa de la libertad ha sido disminuida en los términos establecidos en el artículo 202 del CNPP. Recordemos que la única razón por la que la víctima u ofendido pueden oponerse a la admisión del procedimiento abreviado es por la de objetar que no se encuentra asegurada la reparación del daño, según el artículo 204 del CNPP. Este aspecto sensorial o de percepción, sobre todo en los delitos de alto impacto social como el homicidio o la violación, por poner un par de ejemplos, van a crear una controversia social que no será muy fácil de remontar.

El dilema del prisionero: Qué sucede cuando existen dos responsables del delito. De acuerdo con el artículo 207 del CNPP esto no impide que se pueda admitir el procedimiento abreviado. Sin embargo, si ocupamos el tradicional dilema de la teoría de juegos, resulta que puede suceder que uno de los imputados acepte someterse a este procedimiento especial mientras que el otro prefiera someterse al juicio ordinario. Solo basta advertir los efectos penales que tendría en ambos procesos si surge una contradicción entre las sentencias dictadas en cada uno de ellos, es decir, si uno es absuelto y el otro no.

Amparo directo en revisión 4491/2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia por mayoría de votos concluyó en resumen lo siguiente: a) la autoridad judicial tiene la obligación de apreciar libremente no solo los elementos aportados por el Ministerio Público en apoyo a su acusación, además el juez tiene la atribución de asignarle el valor que considere prudente, b) sólo es a través de la apreciación de los datos aportados por la parte acusadora como el juez está en condiciones de lograr el esclarecimiento de los hechos y concluir si condena al imputado, c) a pesar de que el imputado acepte la aplicación del procedimiento abreviado no significa que la autoridad judicial tenga la obligación de declarar procedentes las pretensiones del Ministerio Público, d) el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia del delito.

En suma, la mayoría de los ministros de la sala consideraron que el procedimiento abreviado está sometido a los mismos principios que el procedimiento ordinario, versión que no fue compartida por el ministro José Ramón Cossío Díaz quien formuló un voto particular, por lo que algunos analistas consideran que se está desnaturalizando el proceso penal acusatorio porque se está negando su razón de ser y el objetivo del procedimiento abreviado: privilegiar el pacto entre las partes cuando hay elementos suficientes para condenar a la parte acusada.


[1] Código Nacional de Procedimientos Penales.

magdaleno
Autor: Lic. Carlos Rafael Magdaleno Martínez
Licenciado en Derecho
Cédula profesional No. 10630825
Universidad Interamericana.
Especialista en Juicio Especial Hipotecario, Remates Judiciales, Arrendamiento y administración de inmuebles, Contratos.
Socio de Abogada Mar y Asociados.

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