5

Sistemas normativos indígenas

Opinión

Se consideran como tales a los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular, en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos, la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en el art. No. 2, de la Constitución Federal, los tratados internacionales y las Constituciones Estatales.

1.-“LA COSTUMBRE” .Este término se define en oposición a la ley escrita y general producida por el Estado. Alude a prácticas sociales repetidas y aceptadas como obligatorias por la comunidad. La idea que está en la base es la concepción “monista”[1] del derecho que identifica Derecho con Estado y asume que en un Estado solo cabe un derecho o sistema jurídico válido, el estatal. Los demás sistemas normativos no son vistos como tales sino como prácticas puntuales.

2.- El término “USOS Y COSTUMBRES” tiene una raíz colonial. Durante el proceso de imposición colonial se discutió si los indígenas tenían autoridades legítimas, normas arregladas a la “ley divina y natural” y si eran capaces de autodeterminarse o, si por el contrario, tenían costumbres salvajes, autoridades tiranas, y eran incapaces de autogobernarse.

Por ello solo se permitieron los “USOS Y COSTUMBRES” indígenas que no violasen la “Ley divina natural”, no afectasen el orden económico político colonial no la religión católica. Igualmente se permitió a las autoridades indígenas administrar justicia dentro de los pueblos de indios pero solo para los casos entre indios y de carácter menor;  los casos mayores debían pasar al corregidor español. En la actualidad se sigue utilizando el término, por lo general para referirse a los sistemas normativos indígenas a los que no se reconoce como derecho o sistema jurídico sino que se les da un estatuto inferior.

3.- La sociología alemana, con Max Weber, utiliza el término “USOS Y CONVENCIONES” para referirse a prácticas sociales con un nivel de institucionalización menor al de la norma legal.

4.-El “DERECHO CONSUETUDINARIO” se refiere a prácticas repetidas inmemoriablemente, que la colectividad no solo las acepta sino que las considera obligatorias(opinio juris necesitatis) Alude a la existencia de un sistema de normas, autoridades y procedimientos. Solo que la palabra “COENSUETUDINARIO” fija a ese sistema en el tiempo, como si se repitiera igual a lo largo de los siglos. La doctrina jurídica clásica ha utilizado este término en situaciones de colonialismo, expansión imperial, modernización, o incluso en países independientes con presencia de población indígena donde se encuentra un sistema políticamente dominante y otros subordinados. Por una parte, se denomina “EL DERECHO” (sin adjetivos), al derecho central estatal, imperial, escrito o codificado. Y se llama  “DERCHO CONSUETUDINARIO” a los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas.

El PLURALISMO JURÍDICO.

Dentro de un mismo espacio geopolítico (Estado) pueden coexistir varios sistemas jurídicos, además del estatal.

Los sistemas normativos indígenas son sistemas jurídicos o derecho: tienen capacidad para crear normas y resolver conflictos.

Los Indígenas y sus pueblos tienen capacidad autonormativa e iguales derechos. No son “inferiores” ni merecen tutela o concesiones paternalistas.

En las últimas cuatro décadas, en América Latina, los Estados nación han generado legislaciones que reconocen un conjunto de derechos de los pueblos indígenas. Aunado a ello, se ha alcanzado un desarrollo jurídico que, teniendo marcadas diferencias en los países de América Latina con Población indígena, reconoce, fortalece y protege esos derechos, como lo muestran los instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT,1989) y la Declaración de naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, (DNUPI, 2007). Asimismo, después de diecisiete años de discusiones, en junio del 2016, la Organización de los Estados americanos (OEA), apruebe la DECLACRACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES.

La política del reconocimiento permitió que la mayoría de los Estados nación aceptaran la diversidad cultural coexistente en sus territorios. Autores cono Raquel Yrigoyen y José Aylwin identifican tres etapas en este proceso:

A.- CONSTITUCIONALISMO MULTICULTURAL:

En la década de 1980, Guatemala (1985), Nicaragua (1987) y Brasil (1988) adoptaron nuevas constituciones políticas en las que se reconoce y protege la diversidad cultural indígena, Pese a los avances en este primer período no se hace un reconocimiento explicito del pluralismo jurídico.

B. CONSTITUCIONALISMO PLURICULTURAL:

En la década de 1990 y hasta 2005, luego de la aprobación del Convenio 169 de la OIT, numerosos Estados reformaron sus constituciones o adoptaron nuevas, en las que se establecieron un conjunto de derechos políticos de participación, consulta y autonomía, así como derechos sobre sus tierra, territorios y recursos naturales, y prerrogativas de carácter lingüístico y cultural (Colombia, 1991; México 1992 y 2001; Perú 1993; Bolivia 1994; Ecuador, 1998) Además, en algunas de ellas, los pueblos fueron reconocidos como sujetos colectivos, como en Colombia, Panamá y Nicaragua.

C. CONSTITUCIONALISMO PLURINACIONAL O CONSTITUCIONALISMO DIALÓGICO E INTERCULTURAL:

Aprobación de nuevas constituciones políticas (2008 en Ecuador, y 2009 en Bolivia), en las cuales “los Pueblos Indígenas son reconocidos no solo como “Culturas diversas” sino como naciones originarias o nacionalidades con autodeterminación o libre determinación. Esto es, sujetos políticos colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en autonomías y participar en los nuevos pactos de estado, que de este modo se configura como un  “ESTADO PLURINACIONAL”

JURISDICCION INDIGENA.

Se define como el derecho autonómico y colectivo de las comunidades indígenas de carácter fundamental que se refiere a que los delitos y conflictos que se presenten en el territorio de la comunidad (criterio territorial) “o” por un miembro de ésta (criterio personal) deben resolverse conforme a sus normas, procedimientos y autoridades. La decisión tomada en dicha jurisdicción tiene el mismo valor de una sentencia ordinaria (Sentencia T.349 de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia).

DERECHO A LA JURISDICCION INDIGENA IMPLICA LO SIGUIENTE:

1.- Que los pueblos y comunidades indígenas gozan del derecho colectivo de crear y aplicar sus propias normas, como parte del derecho de libre determinación.

2.- Que los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas deben ser reconocidos por los Estados.

3.-Que las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas tienen la facultad de resolver sus conflictos internos conforme a sus propio sistema normativo (e diferentes materias: civil, familiar, penal administrativo etc.), respetando los mínimos de los DDHH internacionalmente reconocidos y los principios constitucionales.

4.-Que en la práctica judicial, las resoluciones de las autoridades indígenas, emitidas en el ámbito de su competencia, deben ser respetadas por las autoridades de otras jurisdicciones (Asilegal). Existen casos importantes en donde la justicia del Estado ha declinado competencia a la jurisdicción indígena, también han de observarse los avances normativos e institucionales en el reconocimiento de sus derechos, particularmente la experiencia de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca. Ver caso Suchixtlahuaca, Oax. Todavía hay mucho trabajo por hacer pero se han alcanzado avances en este rubro.


[1] Los monistas jurídicos defienden la idea de que existe y debe existir un y solo un sistema jurídico centralizado y jerarquizado por cada Estado nación.

mariadelosangeles
Autor: Dra. María de los Ángeles Martínez Tinajero
Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Interamericano. Cédula Profesional: 09578355
Maestría en Amparo por la Universidad del Distrito Federal UDF. Cédula Profesional: 1514307
Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Reg. Constancia 19-1/1075/19 (Grado en trámite)
Posdoctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Oficio Número UDF-SM/DAl/0130/19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *