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Los mecanismos de control constitucional y el control de la convencionalidad

Constitucional Derechos Humanos

Antes de precisar que debemos entender por mecanismos de control constitucional y el control de la convencionalidad, considero pertinente determinar de manera genérica que es el control de la constitucionalidad o control difuso de la constitucionalidad y en ese orden de ideas, entendemos por este, como la atribución que tienen los órganos jurisdiccionales (órganos del Estado encargados de administrar justicia) para hacer prevalecer la Constitución Federal por encima de lo que establecen las constituciones locales y las leyes de los Estados o entidades federativas (artículo 133 constitucional).

Ahora bien, es importante precisar que en México, antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación, es y ha sido el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, son los únicos órganos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley, mediante las sentencias que emitan a través del juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. A estos se le conoce como el control difuso concentrado de la constitución.

Expuesto lo anterior, es importante precisar que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al control de la convencionalidad como: “… una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, principalmente en materia de derechos humanos y especialmente el de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de dicho Tribunal. De esta forma, el control de la convencionalidad es: “…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia”.

El control de la convencionalidad en México, implica o comprende entonces los siguientes aspectos:

1.- Supranacionalidad, es decir, que las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que brinden mayor protección a las personas, tendrán preferencia en su aplicación sobre otras normas jurídicas, inclusive sobre la propia Constitución Federal, con lo que se aplica la ley más favorable (principio pro homine o principio pro persona);

2.- Constitucionalidad, es decir, se eleva a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciéndose así, los mecanismos para su exigencia por los gobernados, y en su caso, la aplicación de tales derechos por parte de los tribunales de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos;

3.- Vincular a todo el ordenamiento jurídico a los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos;

4.- Nulificar los actos del poder público o de particulares que violenten los derechos humanos contenidos no sólo en la Constitución Federal, sino en los tratados internacionales de los que México es parte;

5.- Proteger a las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a través de los mecanismos de control constitucional.

Aclarado lo anterior, cabe precisar que los mecanismos de control constitucional constituyen  los procesos o procedimientos previstos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tienden a anular los actos de autoridad o las leyes que contravienen las disposiciones de la Ley Fundamental y ahora los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte (artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Dichos medios de control constitucional son los siguientes:

  1. Juicio de Amparo (artículo 103 y 107 de la Constitución Federal)
  2. Controversias constitucionales (artículo 105, fracción I de la Constitución Federal).
  3. Acciones de inconstitucionalidad (artículo 105 fracción II de la Constitución Federal).

El juicio de amparo es un procedimiento que establece la Constitución Federal, mediante el que cualquier persona podrá acudir ante los Tribunales Federales para defenderse de los actos o leyes que violen la Constitución Federal o un tratado internacional en materia de derechos humanos de los que México es parte. Es decir, que si se acredita la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley o del acto de autoridad combatido por este mecanismo de control constitucional, el resultado será el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal, por lo que se ordenará la anulación de la ley o del acto violatorio de derechos humanos.

Por su parte, las controversias constitucionales son un proceso de control constitucional del que exclusivamente podrá conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación yque se lleva a cabo, cuando se presenta algún conflicto entre los diferentes niveles de gobierno (Federación, estados o municipios), cuando consideran que hay una invasión a su esfera de competencia por parte de otro poder público, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al legislar en una materia que es competencia exclusiva de éste último (delincuencia organizada), por lo que el Congreso de la Unión promueve un juicio ante nuestro Máximo Tribunal, a fin de que se resuelva sobre la inconstitucionalidad del actuar del Congreso de la Ciudad de México y de acreditarse que invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, se declarará la inconstitucionalidad de la norma expedida por el Congreso de la Ciudad de México. Este proceso se encuentra previsto por artículo 105, fracción I de la Constitución Federal. Las controversias constitucionales no pueden promoverse por los gobernados, sino exclusivamente por los poderes públicos a que hace referencia el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal.

Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad es otro procedimiento que sólo puede tramitarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se inicia a instancia de ente público o de un determinado grupo de servidores públicos, mismos que se encuentran señalados la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, mediante el cual se plantea una posible contradicción de una ley o tratado internacional y la Constitución Federal, es decir, que la acción de inconstitucionalidad sirve para invalidar si es el caso, la norma o tratado internacional que vulnera los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución federal como los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, por lo que si nuestro Máximo Tribunal resuelve sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de dicha norma, dicha resolución tendrá efectos generales y por tanto, la sentencia beneficia a todos los mexicanos. Las acciones de inconstitucionalidad deberán promoverse dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se considera inconstitucional por alguno de los funcionarios o entes públicos a que hace referencia la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, los gobernados no podrán combatir leyes o tratados internacionales que consideren inconstitucionales por esta vía, sin embargo, podrán impugnar los mismos a través del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Federal, así como 107 de la Ley de Amparo. [1]

Finalmente cabe comentar que los jueces del orden común, si bien es cierto que no pueden hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de una ley por considerarla contraria a un derecho humano (como sí sucede en los mecanismos de control constitucional), también lo que es que de acuerdo con el artículo 1° en relación al artículo 133 de la Constitución Federal, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando estas sean violatorias de derechos humanos, dando preferencia a las contenidas en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos (principio pro persona), con lo que también los tribunales locales ejercen una especie de control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, pero de manera indirecta, mediante la inaplicación de una norma que se estima contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Así por ejemplo, si el órgano jurisdiccional se percata que la ley que pretende aplicar al caso concreto, violenta el derecho humano a una adecuada defensa, previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal, deberá inaplicar la norma inferior, por resultar contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, con lo que beneficiando a la persona, otorgándole la protección más amplia. 


  1. Góngora Pimentel, Genaro David. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, Poder Judicial de la Federación, México, 1999.
preciado
Autor: Dr. Eduardo Preciado Sánchez
Abogado postulante en materia penal, administrativa y amparo en la Ciudad de México.
Licenciatura en Derecho: Centro Universitario Francés Hidalgo (cédula profesional 3772054)
Especialidad en Juicios Orales: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Derecho Procesal Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (cédula 5983794)
Doctorado en Derecho Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Pedagogía: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Doctorado en Educación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Posdoctorado en Derecho: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

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