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La materialidad de las operaciones en materia Fiscal

Fiscal

En el año 2014 se adicionó el artículo 69-B al código fiscal de la federación en el cual se ataño un concepto muy peculiar llamado “materialidad” a lo cual nos hacía referencia a la presunción de inexistencia de una operación es decir la inexistencia de producir efectos fiscales por la posible deducción o acredita miento de impuesto que previamente realizo algún contribuyente teniendo como consecuencia y en el mejor de los casos un adeudo fiscal.

La inexistencia de una operación también se determina cuando la autoridad alude a sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del CFF dentro de una visita domiciliaria, revisión de cualquier tipo; entre otras.

Si bien es cierto que en dichas disposiciones no se establece en específico que tipo de documentación puede ser necesaria y suficiente para aportar como elementos para desvirtuar las presunciones antes mencionadas, pero lo que sí es un hecho es que toda información que tenga relación directa con la operación realizada con un tercero ya sea proveedor o cliente es muy importante.

Por lo tanto, los contribuyentes deben recopilar en todas sus transacciones el historial cronológico, evidencia demostrable que acredite desde la negociación de la operación hasta la cotización de la operación, así como la entrega o término del servicio o tangible incluso información fotográfica de los bienes y servicios; en pocas palabras toda la documentación que pueda soportar las transacciones meramente prestadas y realizadas.

Según nuestro máximo tribunal define que la naturaleza jurídica de una factura es un documento privado enumerativo o descriptivo de bienes o servicios que juntos engloban un acto o negocio jurídico mediante un contrato con el que se acredita la existencia de esa relación jurídica y en otras ocasiones contra otro tercero, pero ojo no se debe confundir “la materialidad de las operaciones con la simulación tributaria” ya que existe una diferencia enorme entre uno y el otro partiendo desde lo real y lo irreal o que existe per con una apariencia falsa para la obtención de un beneficio tributario y en cuanto a la materialidad de las operaciones simplemente parte de una presunción de la autoridad con hechos o indicios que la misma autoridad mismos que deberán ser desvirtuados con todo tipo de prueba fehaciente, esto sin quitar el dedo del renglón de las reformas en materia fiscal del año 2019-2020 donde se equiparan a delincuencia organizada.

Prueba de ello es lo dispuesto en el artículo 177, vigésimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y al cual debería sujetarse la autoridad fiscal, sin embargo, actualmente tiene un “candado” que señala que sólo es aplicable para el Título VI, Capítulo I, de los Regímenes Fiscales Preferentes y de las empresas multinacionales.

Esa disposición fiscal a la letra señala lo siguiente:

Artículo 177.

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente:

  1. Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.

b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presunciones

Por lo anteriormente señalado, siempre es importante tener en cuenta las disposiciones mencionadas y tener siempre presente que debe contarse por lo menos con la información para poder demostrar a la autoridad fiscal la materialidad de una operación en caso de ser necesario y que según mi experiencia en revisiones de algunos clientes son las siguientes:

-Expediente fiscal del cliente o proveedor según sea el caso esto incluye acta constitutiva, CIF etc.

-Manuales de políticas y procedimientos internos del cliente, sobre todo en cuanto a la adquisición de bienes y servicios.

-Órdenes de compra.

-Pedidos y cotizaciones.

-Registros de almacén.

-Contratos y convenios de clientes o proveedores (ratificados ante un fedatario público).

-Registros contables etc.

Como conclusión les puedo dejar mi recomendación para que los contribuyentes con actividades empresariales tenga cuidado con quienes realizan un negocio jurídico, pues es muy importante tener un control interno o incluso un departamento interno o externo especial dedicado únicamente a la recolección de toda la información documental preparada y lista para en caso de ser necesario deje evidencia fehaciente de todas y cada una de las operaciones relevantes para la empresa, realizadas con terceros; esto sin restar importancia en tener sistemas contables eficientes.

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Autor: Lic. Einar Vázquez Guillén
Coordinador Júridico en Evercorp Consultoria Empresarial.
Licenciado en Derecho por Universidad la Concordia Campus Aguascalientes (2008-2012).
Maestrante en Derecho Procesal Laboral y Seguridad Social. Centro de Estudios de Posgrados (2019-2021).

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