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Las infracciones y los delitos fiscales

Fiscal

(Diferencias entre la responsabilidad administrativa y penal en materia fiscal)

El incumplimiento de las obligaciones fiscales que la ley impone a los contribuyentes (obligados a realizar aportaciones al Estado para satisfacer el gasto público), trae consigo, la aplicación de sanciones, que pueden quedar dentro del Derecho Administrativo, o bien, implicar consecuencias dentro del Derecho Penal.

Ahora bien, partiendo de un principio de seguridad jurídica, que es una de las bases fundamentales tanto del Derecho Penal, como del Derecho Administrativo, el concepto de infracción en materia fiscal, se puede decir que se entiende como todo acto (hacer) u omisión (no hacer) descrito, en la ley fiscal (tipificado), así como declarado ilegal (contrario a derecho), reprochable a un sujeto (responsable) y por lo tanto sancionado con una multa o una pena. De esta forma, no todas las infracciones tienen las mismas características, de ahí que en función de tales características se hayan elaborado diversas clasificaciones que es pertinente conocer, ya que dependiendo del tipo de infracción, dependerá el tipo de sanción a que se haga merecedor el infractor.

En concordancia con lo anterior, en materia fiscal se pueden clasificar a las infracciones en delitos y faltas administrativas. Los primeros son los que resuelve y en su caso sanciona la autoridad judicial (juez penal); por ejemplo, la defraudación fiscal y el contrabando de mercancías, así como la expedición de facturas falsas,  mientras que las segundas, son competencia exclusiva de la autoridad administrativa (Servicio de Administración Tributaria), como por ejemplo, no presentar las declaraciones fiscales, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales.[1]

Partiendo de lo anterior, el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es facultad del Congreso de la Unión establecer los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse. De esta forma y con apoyo en dicha facultad, en el Título IV, Capítulo I y II del Código Fiscal de la Federación, se describen las conductas ilegales que constituyen delitos y faltas administrativas en materia fiscal, a éstas últimas, la legislación fiscal las denominarán infracciones, así como las penasy sanciones administrativas a que se harán acreedoras las personas que incurran en las mismas.

Bajo la anterior tesitura, el artículo 71, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, refiere que son responsables en la comisión de las infracciones previstas en dicho Código, las personas que realicen los supuestos que en su Capítulo IV, Título I (infracciones administrativas) y II (delitos), se consideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos, así que cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga.

De lo anterior se desprende que quien incumpla con una obligación fiscal, se le impondrá una sanción, la cual consiste en la presión psicológica y en una amenaza para propiciar el cumplimiento del Derecho Fiscal. De esta forma, al imponer sanciones, el fisco no busca recaudar, sino más bien, castigar a los infractores y ejemplificar a los demás contribuyentes, acerca de los efectos nocivos que pueden sufrir sí también incumplen sus obligaciones fiscales.[2]

Es por lo anterior, que se afirma que en materia fiscal, las sanciones son aflictivas, pues estas se reducen única y exclusivamente a los castigos o penas, o sea, a las medidas disciplinarias que se imponen, independientemente de que existan daños o perjuicios al fisco, por lo tanto, las sanciones se gradúan en relación a la gravedad de la infracción.[3]

De lo hasta ahora expuesto se desprende que el poder sancionador de la administración pública en materia fiscal puede ser ejercido de dos maneras: La primera, con sanciones por infracciones administrativas y la segunda, en aplicación de penas por actos u omisiones tipificadas como delitos fiscales.[4]

Lo anterior nos obliga a distinguir propiamente entre lo que sería una infracción y lo que es un delito en materia fiscal, para posteriormente determinar en qué consiste la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa.  Al respecto Mayolo Sánchez, nos señala las siguientes diferencias: a) Las infracciones o faltas administrativas son juzgadas y sancionadas por el poder ejecutivo (Servicio de Administración Tributaria), mientras que los delitos en cambio, son juzgados y sancionados por el poder judicial (Juez Penal);  b) Las infracciones, por lo general, son sancionadas de manera pecuniaria (multa), mientras que los delitos, son sancionados con penas privativas de la libertad.[5]  La diferencia entonces, que existe entre el delito y la infracción en materia fiscal, es que la infracción es el acto u omisión que traerá implicaciones fiscales, pero dentro del Derecho Administrativo, por lo que es una autoridad administrativa (Servicio de Administración Tributaria), quien mediante un procedimiento de la misma naturaleza, determinará si existe o no una infracción y en su caso, impondrá al infractor, las sanciones de carácter administrativo que al efecto prevé la legislación fiscal, mismas que pueden consistir desde la multa, la clausura del establecimiento del contribuyente, así como la amonestación, suspensión o cancelación del registro, tratándose de contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales.

Ahora bien, por cuanto hace al delito fiscal, este puede ser entendido como el acto u omisión que se encuentra sancionado por la legislación fiscal, pero cuya investigación y persecución corresponderá al Ministerio Público de la Federación, quien una vez satisfechos los requisitos previstos por el Código Fiscal de la Federación (denuncia, querella o requisito equivalente), solicitará ante la autoridad judicial (Juez de Control), la celebración de la audiencia inicial para formular imputación (comunicarle a una persona que existe un proceso penal en su contra), así como su vinculación a proceso (sometimiento a proceso penal) y de resultar procedente, posteriormente formular su acusación respectiva, para que se resuelva sobre su responsabilidad penal y en su caso sobre la imposición de las penas correspondientes, por haber incurrido en un delito fiscal. 

La diferencia entre la responsabilidad administrativa y la penal en materia fiscal, radica entonces, en que la primera, traerá como consecuencia la aplicación de sanciones de carácter administrativo, cuya aplicación le corresponde a las autoridades fiscales (Servicio de Administración Tributaria), por su parte, la responsabilidad penal, traerá como consecuencia, la imposición de penas consistentes en la privación de la libertad, cuya imposición es competencia exclusiva de la autoridad judicial (Juez Penal).

Por otra parte, es importante precisar que a partir del 9 de noviembre de 2019, el gobierno federal endureció el combate en contra de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y  exclusivamente, cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados o superen 3 veces la cantidad prevista por el artículo 108, fracción III del Códigos Fiscal de la Federación (actualmente $2,601,410.00/100 pesos, pero dicha cantidad se actualiza de manera semestral), por lo que los implicados con tales delitos y en los casos que prevé expresamente el Código Fiscal de la Federación (artículos 102, 104, fracción II y III, párrafo segundo, 105, fracciones I y IV, 108, fracción III, 109, así como 113 bis) no gozarán del beneficio de llevar su proceso en libertad, sino que se les impondrá de oficio por la autoridad judicial (juez penal), como medida cautelar (forma de asegurar su comparecencia a proceso) prisión preventiva, es decir, se quedarán internados en un Centro de Reinserción Social, hasta que no se resuelva en definitiva sobre su inocencia o culpabilidad en el delito fiscal que se le atribuye, pero lo que es más grave, no tendrán el beneficio de conmutar o sustituir su pena por otra, una vez que sean sentenciados, por ser considerados delincuentes de alta peligrosidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 2° la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En conclusión, lo que el actual gobierno busca con la reforma fiscal en comento, es inducir temor en el contribuyente para que cumpla con sus obligaciones fiscales y así evitarse cualquier conflicto con el fisco federal y sobre todo en un proceso penal.


  1. Rodríguez Lobato Raúl, Derecho Fiscal, Segunda edición, Editorial Harla, México, 1986,  p. 183.
  2. Carrasco, Iriate, Hugo. Derecho fiscal I, Séptima edición, IURE Editores, México, 2017., p. 336.
  3. Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal. Op. cit., pp. 186 y 187.
  4. Carrasco, Iriate, Hugo. Derecho fiscal I, Op. cit., p. 376.
  5. Sánchez Hernández, Mayolo. Derecho Tributario. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1988, p. 513.
preciado
Autor: Dr. Eduardo Preciado Sánchez
Abogado postulante en materia penal, administrativa y amparo en la Ciudad de México.
Licenciatura en Derecho: Centro Universitario Francés Hidalgo (cédula profesional 3772054)
Especialidad en Juicios Orales: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Derecho Procesal Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (cédula 5983794)
Doctorado en Derecho Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Pedagogía: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Doctorado en Educación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Posdoctorado en Derecho: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

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