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Estándares internacionales de protección a las personas privadas de libertad

Derechos Humanos

Debido a las Reformas Constitucionales que ha sufrido nuestro sistema de justica penal, 2008, 2011 y 2013, en donde la finalidad es la reinserción social, el proceso es cada vez más garantista y encaminado al enfoque de la protección de Derechos Humanos, existe a nivel internacional una serie de tratados y reglas que nos sirven de herramienta para reforzar lo ya establecido en nuestra legislación.

Para Naciones Unidas el sistema penitenciario debe tratar a las personas privadas de libertad con justicia, como humanos y respetar sus derechos, para eso se han creado reglas con estándares internacionales de protección a las personas privadas de la libertad.

A continuación mencionare algunos reglamentos de los más utilizados para la defensa de las personas privadas de su libertad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Fechado 16 de diciembre de 1966, El Comité de Derechos Humanos,  de las Naciones Unidas, a través de sus observaciones generales No. 20, 21, y 35 (2014), ha establecido de la forma más amplia, los estándares que deben observarse al momento de someter a las personas a cualquier tipo de privación de la libertad.

Observación general No. 20.–artículo 7-. Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Confinamiento solitario prolongado de la persona puedes equivaler a tortura. Prohíbe expresamente los experimentos médicos o científicos realizados sin el libre consentimiento de la persona privada de libertad.

Observación general No. 21–artículo10-.Trato humano de las personas privadas de libertad.  Las personas no pueden ser sometidas a restricciones adicionales que no sean los que resulten de la privación de la libertad. Las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos. El trato digno no puede depender de los recursos materiales disponibles. Separación entre personas procesadas y sentenciadas. Sistema penitenciario debe encaminarse a la reinserción social, no al castigo. Las personas deben recibir educación, trabajo y formación profesional.

Observación general No. 35–artículo 9-. Libertad y seguridad personales. El derecho a la seguridad personal protege a las personas contra lesiones físicas o psicológicas infligidas de manera intencional. La facultad de privar de la libertad a través del derecho penal deberá estar rigurosamente limitada a fin de mantener un control estricto y efectivo para asegurar que no haya detenciones o reclusiones arbitrarias o ilícitas.[1]

Arbitrariedad: no solo se refiere a algo “contrario a la ley”, sino que incluye consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad, las debidas garantías procesales, la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad.

Condiciones de internamiento: la reclusión puede ser arbitraria si el trato que recibe la persona no se corresponde con el presunto objeto de a reclusión (reinserción social).

La consideración de beneficios preliberacionales no deberá denegarse por motivos que sean arbitrarios.

Prisión preventiva como medida excepcional y debe revisarse periódicamente.

Reglas Nelson Mandela .

Fueron adoptadas  mediante Asamblea General de Naciones Unidad 70/175

Enuncian los principios y prácticas esenciales que deben regir a los sistemas penitenciarios en cuanto al tratamiento de las personas privadas de la libertad y la administración penitenciaria, reconociendo la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes entre países. Regulan el deber de cuidado que tiene el Estado respecto de las personas privadas de libertad.

1.- Mantener su seguridad

2.-Proteger su bienestar

Principios fundamentales: dignidad,(regla 1), no discriminación, (regla 2), menor lesividad, (regla 3), reinserción, (regla 4), normalidad, (regla 5), evitar hacinamiento (reglas 12-17)

Trata aspectos como espacios, alimentación y agua, (regla 22),vestido y ropa de cama, (reglas 19-21), salud, (reglas 24-35)trabajo,(regla 97), educación, (regla 64 a la 104), religión, (regla 66), tratamiento para la reinserción, (regla 87).

Disciplina y sanciones

principios rectores; proporcionalidad, excepcionalidad, legalidad, razonabilidad y necesidad (regla 45), prohibición de imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad (regla 38). Estricta legalidad /regla 39) Debido proceso (regla 41), prohibición de aislamiento prolongado o indefinido (regla 43).

Reglas Bangkok

Protección para mujeres reclusas. Medidas no privativas de la libertad.

Creación Diciembre de 2010 a través de la resolución 65/229 de la asamblea General de la ONU. Son complementarias de la Reglas Mínimas para el Tratamientos de los Reclusos, estas protegen a la mujer y sus hijos; regulan todos los aspectos relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de medidas no privativas de libertad, incorporando disposiciones especificas para ellas.

Ingreso: al ingresar, las mujeres deben recibir asesoramiento jurídico e información sobre el reglamento y procedimiento (regla2). Registro: Deben registrarse los datos de la persona que ingresa al centro de reinserción, así como los nombres y edad de las hijas e hijos. Lugar de reclusión: debe ser recluida en lugares próximos o cercanos a su comunidad de origen para facilitar el contacto con el exterior (regla 4). Higiene personal: Instalaciones y artículos necesarios para satisfacer necesidades específicas. Salud: Especializada y específica para la mujer, que incluya salud mental, tratamiento de VIH y drogodependencia (reglas 10,11,14, y 15). Disciplina y sanciones: Prohibición de aislamiento y de limitar el contacto con familiares con castigo, especialmente para mujeres embarazadas, con hijas o hijos o en lactancia (reglas 22,23 y 24).

Reglas de Brasilia.

100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Surge dentro de la XlV edición de la cumbre Judicial Iberoamericana el 4 de marzo del 2008, con la finalidad de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, así como la construcción de políticas públicas dirigidas a ese objetivo.

Personas en situación de vulnerabilidad, aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especial dificultad para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

La privación de libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar derechos con plenitud, especialmente cuando ocurre alguna causa de vulnerabilidad cono el sexo, género, edad, etc.)

Reglas de Tokio.

Adoptadas el 1 de diciembre de 1990, a través de la Resolución 45/110 de la Asamblea de Naciones Unidas. Medidas sustitutivas de prisión. Su finalidad es promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad para toda persona sujeta a un procedimiento penal, en cualquier etapa.

Medidas alternativas (regla 8.2)

Sanciones vertebrales o económicas y penas en dinero, multas. Incautación o confiscación. Libertad condicional. Régimen de vigilancia judicial. Imposición de servicios a la comunidad. Mandamiento de restitución. Obligación de acudir regularmente a un centro determinado. Arresto domiciliario. Penas privativas de derechos o inhabilitaciones. Servicio comunitario. Suspensión de la sentencia.

Principios rectores

Equilibrio entre los derechos de la persona privada de libertad, los derechos de la víctimas y el interés social. (regla 1.4). Tomar en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de cada país (regla 1.3). No discriminación (regla 2.2). Mínima intervención (regla 2.6). Dignidad (regla 3.9). Legalidad. Todas las medidas alternativas deben estar prescritas por la ley (regla 3.1). Control judicial. Las determinaciones deberán realizarse por la autoridad judicial competente (regla 3.5). Encarcelamiento como último recurso, (regla 6). Integralidad. Sistemas de apoyo social en libertad (regla 13.1).

Las reglas anteriores son solo algunas de las herramientas internacionales con las que cuenta la persona privada de su libertad para hacerlas valer ante el juez de ejecución.


[1] Base de datos de los órganos de tratados de la Naciones Unidas.

mariadelosangeles
Autor: Dra. María de los Ángeles Martínez Tinajero
Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Interamericano. Cédula Profesional: 09578355
Maestría en Amparo por la Universidad del Distrito Federal UDF. Cédula Profesional: 11514307
Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Reg. Constancia 19-1/1075/19 (Grado en trámite)
Posdoctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Oficio Número UDF-SM/DA-l/0130/19

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