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La etapa de investigación sin detenido

Penal

(Formas de conducir al imputado en libertad al proceso penal)

La investigación es la primera etapa del proceso penal acusatorio y oral que tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba que sustente el ejercicio de la acción penal contra el imputado y la reparación del daño. Esta puede ser con detenido o sin detenido. La investigación con detenido se da en aquellos casos en que flagrancia (el sujeto es detenido en el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido) o caso urgente (orden de detención girada por el Ministerio Público, siempre que se trate de delito grave, así calificado por la ley, exista el temor fundado de que el sujeto se sustraerá de la justicia y que por razón de la hora, tiempo y lugar no se pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar una orden de aprehensión, por lo que el Ministerio Publico, bajo su más estricta responsabilidad ordena la detención del imputado, para ponerlo de inmediato a disposición del Juez de Control).    

La investigación sin detenido, por su parte comenzará con la presentación de la denuncia, querella o su requisito equivalente ante el Ministerio Público, o bien, cuando éste haya tomado conocimiento de oficio de la probable comisión de un delito y no se actualicen las hipótesis de flagrancia o caso urgente, por lo que habrá que conducir al imputado en libertad al proceso penal mediante citatorio, comparecencia u orden de aprehensión.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio Público, con la colaboración de la policía, deberá desplegar aquellos actos preliminares o iniciales de investigación, que le permitan averiguar sobre la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito, la identificación del imputado, así como de la víctima u ofendido. De esta forma, el Ministerio Público, como encargado de la investigación del delito, deberá recabar aquellos datos de prueba (evidencias o indicios) que en su conjunto sean idóneos y pertinentes para sustentar el ejercicio de la acción penal (facultad para incentivar al órgano jurisdiccional a iniciar proceso penal en contra de una persona), así como la solicitud de la audiencia inicial (inicio del proceso penal) donde formulará imputación en contra del justiciable (se le hará saber quién y de que se le acusa, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión) y se solicitará su vinculación a proceso (resolver su situación jurídica), así como la imposición de medidas cautelares por parte del Juez de Control (formas de garantizar su comparecencia al proceso).

La defensa también tendrá la oportunidad durante la investigación de construir su teoría del caso (su verdad histórica del hecho), así como recabar los datos de prueba necesarios para sustentarla.

Bajo la anterior tesitura, cuando se haya iniciado una carpeta de investigación, sin detenido, así como en aquellos casos en que exista flagrancia, pero se haya dispuesto de la libertad del imputado porque el delito que se le imputaba no ameritaba prisión preventiva oficiosa, según lo previsto por el artículo 19 constitucional y se determinó, que no existía la necesidad de solicitar prisión preventiva justificada ( en virtud de no existe temor de que se sustraiga de la justicia, obstruya el desarrollo de la investigación o haya riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad), el Ministerio Público, una vez que haya verificado que los requisitos a que hacen referencia los artículos 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 y 310, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, es decir, exista una denuncia o querella o su requisito equivalente, sobre la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito y obren datos que permitan soportar que se ha cometido ese hecho y exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, podrá acudir ante el Juez de Control, a efecto de que de éste último libre en contra del imputado: 1. Citatorio (para para la celebración de la audiencia inicial, cuando considere que no existe riesgo de que el imputado se sustraerá de la justicia, por lo que acudirá voluntariamente); 2. Orden de comparecencia (a través de la fuerza pública, cuando no haya comparecido sin causa justificada a la audiencia inicial, habiendo sido citado); y 3. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público estime que existe necesidad de esa cautela).

Expuesto lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 141 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habrá necesidad de solicitar una orden de aprehensión cuando: a) La persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad; b) Cuando se haya declarado la sustracción a la acción de la justicia al imputado; c) Cuando se incumpla una medida cautelar; d) La autoridad judicial declare sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no haya comparecido a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo; y e) Cuando el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido (orden de reaprehensión).

El Ministerio Público, también podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que: 1. Exista peligro de sustracción del imputado; 2. Exista peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y 3. Exista riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control podrá determinar si existe o no peligro de sustracción del imputado, tomando en consideración los siguientes aspectos: a) El arraigo que tenga en el lugar donde va ser juzgado determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de su familia y las facilidades que tenga para abandonar el lugar o permanecer oculto. En estos casos, declarar con falsedad sobre el domicilio del imputado constituirá presunción de riesgo de fuga; b) El máximo de la pena que en su caso se le pudiera imponer de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante éste; c) El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal (proceso); y d) La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o e) El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

Asimismo, es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Juez de Control pueda decidir si existe peligro de obstaculizar el desarrollo de la investigación, deberá tomar en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público, para estimar como probable que de recuperar su libertad, el imputado: a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente (evasiva) o inducirá a otros a realizar tales comportamientos; o c) Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.

Finalmente, el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que para la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de Control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida por parte del imputado o de terceros. De todo lo anteriormente expuesto, se desprende entonces que la solicitud que realice el Ministerio Público, deberá estar sustentada en datos de prueba (medios de convicción que justifiquen la necesidad de esa cautela), es decir, citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, por lo que el Juez de Control, es quien deberá verificar que esos requisitos se encuentren satisfechos y en caso contrario, prevendrá al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, pues así lo establece el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, es importante precisar que no se concederá orden de aprehensión, comparecencia o citatorio cuando los hechos no sean constitutivos de delito.

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Autor: Dr. Eduardo Preciado Sánchez
Abogado postulante en materia penal, administrativa y amparo en la Ciudad de México.
Licenciatura en Derecho: Centro Universitario Francés Hidalgo (cédula profesional 3772054)
Especialidad en Juicios Orales: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Derecho Procesal Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (cédula 5983794)
Doctorado en Derecho Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Pedagogía: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Doctorado en Educación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Posdoctorado en Derecho: Centro

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