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103 años de nuestra Constitución

Opinión

Me genera agrado tocar el tema de este mes sobre nuestra carta magna, todo ello en el marco de su aniversario ciento tres, aunque críticos como el autor EMILIO RABASA, mencionan que no son esos años reales, según el, porque esta constitución (como al inicio se menciona en su cuerpo normativo) solo es la que reforma, mas no deja en vigor, a la de 1857, motivo de análisis importante para otra oportunidad.

En México es muy dable la incultura de la reformación constitucional, que busca y lo ha logrado un desequilibrio en instituciones y figuras jurídicas formales de nuestro constitucionalismo nacional, duele entender porque nuestra Ley Fundamental es cada año embarazada no por intereses sociales ni por el dinamismo de vida que requiere ser observado, sino por una serie de cambios económicos en la vida de la clase política de nuestro Estado Mexicano.

Autores como Porfirio Muñoz Ledo y su perspectiva de Reforma del Estado ha sido tomada en consideración de forma tal que se ha venido realizando paulatinamente, lo que es carne de cañón para este pensador mexicano, pues siempre su idea ha sido marcada en el tenor de la creación de una nueva era constitucional y crear un poder constituyente que le de luz a una nueva etapa importante en el país, solo basta mirar a nuestro alrededor para saber que esos es lo que se requiere, sino en el ámbito urgente por lo menos en el ámbito de agenta de nuestros legisladores.

Si se acepta que los puntos anteriores conforman, aunque sea en una brevísima parte, la agenda del constitucionalismo mexicano de los próximos años, la duda que surge de inmediato es si estos retos pueden ser afrontados y superados con el texto constitucional de 1917 o si es necesario crear una nueva Constitución. La alternativa se puede complementar incluso con una tercera vía: la de la reforma integral que ha utilizado, por ejemplo, Argentina en 1994.

De esta forma, se tienen tres posibles posiciones. La primera sostiene la pertinencia de seguir con el texto constitucional actual, adecuándolo con pequeños cambios de matiz en virtud, sobre todo, de que la constitución de hecho ya ha sido sometida a grandes procesos de reforma que han hecho de ella un texto verdaderamente nuevo; en esa medida, lo único que requeriría sería unas adecuaciones adicionales. Para una segunda postura, se requiere de un cambio total de texto, es decir se tiene que convocar a un congreso constituyente y crear un texto constitucional completamente nuevo. La tercera opción mantiene que se necesitan muchos cambios y muy profundos, pero que pueden ser abordados mediante el mecanismo de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Carta de Querétaro. Sin dejar a un lado que, como se indico al principio, no se puede cortar de tajo a nuestra actual Constitución, por ende dejarla sin vigencia, para de esa forma de buenas a primeras crear otra y someterla en vigor.

La primera opción, representada por eminentes juristas, me parece difícil de sostener. Las razones para ello son bien sencillas: tenemos una realidad social y política que no nos satisface en lo mas mínimo; tenemos un texto constitucional que ha caído en la irrelevancia absoluta; tenemos derechos que no sabemos como proteger; tenemos arreglos institucionales que son disfuncionales para los equilibrios partidistas que van surgiendo como resultado de la mayor pluralidad política. En suma, tenemos una constitución que quizá estaba bien para cuando fue  creada y que sin lugar a dudas ha servido por años a un régimen político basado en el presente de un partido hegemónico y de una presidencia hipertrofiada, pero hoy no existen las condiciones de 1917: la figura del partido hegemónico parece haberse ido para no volver y tenemos una presidencia de la República que tendrá que entrar en un dialogo nuevo con el poder legislativo, pues el presidente no tiene mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras desde el 1º de Diciembre del 2000. Por ello es que no podemos permanecer en el mismo texto fundamental, a menos que se prefiera correr el riesgo de canalizar el proyecto político nacional por vías no jurídicas, de forma que sea innecesaria una regulación constitucional efectiva. 

La postura de ir a un nuevo Congreso Constituyente es muy atendible. De hecho, la experiencia comparada demuestra que la mayoría de las transiciones a la democracia que han culminado exitosamente se han otorgado una nueva carta Constitucional. La expedición de una Constitución aparece como un sello que clausura una época e inaugura otra. Sin embargo, para acometer el esfuerzo enorme de reunir a un constituyente se requieren de un mínimo de precondiciones que el escenario político difícilmente puede suministrar en estos momentos. Los profundos desacuerdos existentes entre los partidos, las posiciones encontradas y claramente antagonistas sobre puntos fundamentales del quehacer nacional y los cálculos electoralistas que hacen las dirigencias partidistas, no ofrecen muchas esperanzas para poder afrontar con éxito la redacción de una Nueva Constitución.

La expedición de una Constitución, o incluso simplemente la reforma de uno o varios de sus preceptos, no sólo debe llevarse a cabo cuando sea jurídicamente necesario, sino también cuando sea políticamente posible. Normatividad constitucional y situación política son dos datos que se deben ponderar de manera adecuada la hora de modificar una Carta Constitucional.

Por otro lado, incluso entre aquellos que sostienen la postura de convocar a un Congreso Constituyente, y debido en parte a los propios desacuerdos entre los actores principales, la discusión que ha quedado más en la reforma de llevar a cabo las modificaciones que en los convenios posibles de una nueva Constitución. En estas condiciones no hace falta subrayar los riesgos de convocar a un constituyente pues se corre el peligro de dar pasos hacia atrás.

En consecuencia de lo anterior, creo que de momento y hasta en tanto no cambien las condiciones políticas actuales, la vía quizá más prudente sea la de intentar hacer una gran reforma que incluya los puntos los puntos señalados en este trabajo y, que actualmente, se está trabajando en el Congreso de la Unión en ello, que dentro de las posibilidades que ofrece el texto de 1917 en su artículo 135.

Finalmente, con todo, no hay que olvidar que ninguna propuesta teórica podrá sustituir la voluntad política de los poderes públicos para asumir cabalmente los mandatos constitucionales. Sin esa voluntad todas las propuestas e iniciativas quedarán como papel mojado, tal como ha sucedido durante tantos años en México y tal como sigue sucediendo en buena medida en la actualidad. Como diría Norberto Bobbio “LA CONSTITUCION NO TIENE LA CULPA”, o por lo menos, no tiene toda la culpa.

Por ultimo… estimados lectores dejo la siguiente interrogante… ¿Cómo felicitaría a nuestra Constitución?

Autor: Lic. Francisco Melchor Sánchez
Abogado postulante en las áreas civil, penal, mercantil, familiar administrativo, amparo y laboral
Catedrático en Universidades en el Estado de Tlaxcala
Abogado titulado por La Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala
Candidato a Maestro por parte del Instituto Internacional del Derecho y del Estado
Cédula Profesional: 6759029

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