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Partes en el proceso penal acusatorio

Penal

El concepto de partes está íntimamente ligado con la idea de un conflicto de intereses lo que ha llevado a un sector de la doctrina procesal a negar la existencia de las partes en el proceso penal exactamente por rechazar la existencia de un conflicto de intereses en el proceso penal. Otro argumento que contribuye a esa posición es la situación del Ministerio Público en el proceso penal, puesto que, para algunos autores su presencia se debe a un poder-deber de actuar la voluntad de la ley, visto que no participa en la relación jurídica material. Así, para Manzini, el Ministerio Público no es parte porque no pide al Juez en su propio nombre y ni siquiera su actuación está vinculada a un derecho subjetivo, si no al poder-deber de actuar.

Así mismo, la doctrina mayoritaria alemana destaca que el proceso penal no es proceso de partes. La razón principal para optar por esta consideración proviene del lugar y las funciones legales que posee la fiscalía, y en menor medida la diferenciación entre sujetos y participantes procesales. Aunque un sector de la citada doctrina ha elaborado la denominada teoría de la posición jurídica, la cual atiende a la situación de un sujeto en la estructura procesal y a las facultades que le asigna la ley; asimismo, descansa en tres principios:

  1. La persona sometida a la investigación penal no puede ser tratada como objeto del procedimiento si no como sujeto interviniente en el proceso penal. El imputado pasa de ser un inquirido a ocupar y desarrollar el papel de un participe, con poder para conformar el procedimiento junto a los demás sujetos procesales y dentro del margen que la ley prevé.
  2. La eficacia de la administración de justicia no puede considerarse como un principio fundamental del proceso penal.
  3. Las desventajas propias de la situación procesal del investigado deben corregirse durante el procedimiento.

Frente a ello, consideramos equivocada la tesis que niega la existencia de partes en el proceso penal y, por el contrario, somos de la opinión que el concepto de partes se construye a partir del objeto del proceso penal: la discusión de las pretensiones de la acusación y de reparación. A partir del mismo, vamos a introducir el concepto de partes como aquella que formula y aquella a quien se le formulan las pretensiones de acusación y de reparación, objeto del proceso. El órgano jurisdiccional no es parte, es sujeto de la relación procesal. Es un órgano supraordenado a las partes, y como destinatario, es formulada la pretensión.

En principio, en cuanto a la estructura; por lo general, los nuevos órganos de investigación y de enjuiciamiento en el ámbito hispanoamericano presentan, en su escalafón interior, un tribunal o juzgado de garantías, penal o de investigación preparatoria, que se ocupa de la vigilancia de la etapa de la investigación dirigida por el Ministerio Público así como de la vigilancia de sus decisiones que vulneren derechos individuales de los imputados, en conjunto con un defensor que busca velar por sus intereses planteando una adecuada defensa.

JUEZ.

Alex Carocca Pérez, en su obra El Nuevo Sistema Procesal Penal Chleno, al referirse a los juzgados de Garantía (denominados en la mayoría de los códigos adjetivos que han implementado el sistema acusatorio juzgados de control), señala que:

            Son aquellos tribunales compuestos por uno o más jueces de garantía, quienes actúan y resuelven unipersonalmente las cuestiones que le son sometidas durante la fase de investigación de un proceso penal, particularmente las referidas a la cautela de los derechos y garantías de las personas y la preparación del juicio oral, y que conocen y fallan de los procedimientos abreviados, simplificados y monitorios. Como se puede apreciar, la lógica que preside la instalación de estos tribunales es la necesidad de establecer un órgano jurisdiccional que controle que las actividades de investigación se lleven a cabo por los órganos correspondientes, especialmente fiscales y policías, sin afectar en forma indebida los derechos de las personas, por lo que deben resolver las reclamaciones que se produzcan por sus actuaciones y otorgar autorización previa para que puedan llevarlas a efecto en algunos casos. Luego, dentro de la diversidad de soluciones a un conflicto penal que contempla el nuevo sistema, le corresponde decidir sobre la legalidad de las adoptadas por el fiscal correspondiente en algunas de ellas y en otras es quien derechamente debe decidir la aplicación de tales soluciones legislativas.

En lo referente a juez de control o de garantías, en sentencia se-591 de 2005 de la corte constitucional de Colombia, al estudiar la figura  de juez de garantías lo ubico de la siguiente forma: “Una de las modificaciones más importantes que introdujo el acto legislativo 3 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar un control cobre al aplicación del principio de oportunidad; un control posterior sobre las capturas realizadas por la fiscalía general de la nación; un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interpretación de llamadas; un control previo para la adopción de medidas restrictivas de libertad; decretar medidas cautelares sobre bienes; igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional  que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la constitución. De tal suerte que el juez de control de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicada por la fiscalía general de la nación, no sólo se adecuan a la ley sino además son o no proporcionales, es decir, si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin  constitucionalmente legitimo; si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad”.

Por otro lado, al mismo nivel jerárquico que los juzgados de garantías o de investigación preparatoria, están los tribunales o jueces colegiados o de sentencia o de conocimiento, conocen de los plenarios y dictan sentencia en primera instancia absolviendo o condenando al imputado en juicio oral y público. Habitualmente los tribunales de sentencia están formados por tres jueces profesionales, salvo para los delitos menores, los que pueden estar formados por uno sólo.

Los jueces de sentencia o de conocimiento no solo asumen el compromiso de administrar justicia penal, si no igualmente están convertidos por la ley en jueces constitucionales que deben velar por el acatamiento y cumplimiento de los lineamientos señalados en la ley, pues nada más y nada menos se encargan de definir la pretensión punitiva, pero bajo acatamiento de las normas constitucionales.

Asimismo, de acuerdo con María Inés Horvitz Lennon y Julian López Masle, en su obra Derecho Procesal Chileno, señalan que la competencia y atribuciones del tribunal de juicio oral, consisten en:

El tribunal de juicio oral en lo penal es el órgano jurisdiccional, colegiado y letrado, que tiene competencia para ejercer las atribuciones que le confiere la ley desde el momento de la dilación del auto de apertura del juicio oral hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Por otra parte, en el sistema acusatorio la audiencia del tribunal de juicio oral, se rige siempre por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad, tal y como se ha dicho en el presente trabajo de investigación, siendo los principios que rigen el proceso acusatorio.

EL MINISTERIO PÚBLICO.

Sobre el Ministerio Público, se ha escrito mucho; en principio, es el titular del ejercicio público de la acción penal, así como, el director de la investigación, tal y como lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”; además, es quien tiene la carga de la prueba el defensor de la legalidad y de los intereses de la sociedad, así como, el ente que carece de imparcialidad más no de objetividad.

La doctrina clásica explica que a la par de los jueces, cuya función consiste en resolver las pretensiones que se les plantean y que constituyen el objeto de un proceso, la legislación establece el funcionamiento de otros órganos existentes a los que les asigna la defensa de los intereses que afectan el orden público y social. En cuanto a la organización del Ministerio Público, cabe apuntar que en el proyecto de ley orgánica el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, cuya autoría corresponde a Gustavo Beliz, se define a la institución con los siguientes términos “ Es el órgano judicial que tiene por misión primordial la defensa del orden jurídico y de la causa pública en todos los casos y asuntos que estos intereses lo requieran, como así también se agrega, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”.

Por otro lado, se distingue en doctrina entre parte en sentido formal y parte en sentido material. Se le incluye al Ministerio Público en la primera de las categorías, toda vez que, se manifiesta formalmente como parte en el proceso, promoviendo la acción de los tribunales, requiriendo el dictado de resoluciones, aportando elementos de juicio a través de fundamentaciones, y pruebas, interponiendo recurso, etc.; mientras que, como parte material, encarna el interés público, un ente imparcial en la realización de la justicia, el que a veces puede coincidir con la postura de la defensa.

Así mismo, se califica a la gente del Ministerio Público como parte en sentido procesal, entendida como aquella que postula una resolución judicial frente a otra persona, que es contra quien se insta dicha resolución. Otros autores prefieren utilizar el vocablo sujetos frente al de partes

Para Sagues, el Ministerio Público: se perfila hoy en día como una pieza vital para la construcción del estado de derecho. Entre visto como defensor de la legalidad, su misión no es velar por los intereses de la presidencia (tampoco por los particulares del congreso o de la judicatura).

            Andrés Baytelman y Mauricio Duce, al referirse a la institución del Ministerio Público en su obra litigación penal, juicio oral y prueba establecen:

            El ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, órgano acusador, de acuerdo con el principio de legalidad. De este modo el Ministerio Público deberá investigar y, en su caso, plantear la acusación respecto de todos los delitos que lleguen a su conocimiento. No obstante, lo anterior, se reconoce la posibilidad de que el Ministerio Público no ejercite la acción penal, basado en diversas consideraciones de oportunidad que regula el código procesal penal. Se permite también poner término al proceso por vía de la suspensión condicional del procedimiento, que, dado en todo caso, el imputado obligado a cumplir ciertas condiciones, sin necesidad de reconocimiento de culpabilidad, para aquellos casos en que exista el pronóstico de que, aun llegándose a la condena, deberá aplicarse una medida alternativa a la privatización de libertad. Asimismo, se puede poner término al proceso durante la etapa de investigación, aun cuando el Ministerio Público esté en desacuerdo, en casos en los que el imputado alcance un pleno acuerdo reparatorio con la parte agraviada, tratándose de delitos que afectan a ciertas categorías de bienes jurídicos o de cierta naturaleza. En los casos en los que el Ministerio Público decida llevar adelante una investigación, podrá investigar libremente sin limitaciones de tiempo. No obstante, cuando la persecución respecto de una persona determinada pueda importar afección a sus derechos constitucionales y, en consecuencia, se requiera la intervención judicial, deberá formular cargos precisos en contra del imputado. Esta formulación de cargos se denomina formalización de la investigación y sustituye el auto de procesamiento del sistema inquisitivo: no importa anotación en los antecedentes personales del imputado, no genera en principio ninguna afectación de derechos, ni implica ningún grado de sospecha, al menos judicialmente hablando, la formalización de la investigación tiene por objetivo central dejar en evidencia el hecho de llevarse a cabo una investigación de orden criminal, por un hecho determinado, respecto de una o más personas, también determinadas. La formalización de la investigación tiene el efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción y de dar inicio a un plazo máximo de dos años para completar y cerrar dicha investigación. En esta fase, el juez de garantía tiene fundamentalmente atribuciones de control y resguardo de las garantías constitucionales ligadas al debido proceso y a la libertad personal del imputado. Las actuaciones de la investigación siempre pueden ser examinadas por el imputado. Las actuaciones de la investigación siempre pueden ser examinadas por el imputado, las personas a quienes se haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios, salvo pudiera entorpecerse la investigación, caso en el cual el Ministerio Público puede disponer la reserva parcial de ellos por decisión de los fiscales y por lapsos determinados. Esta decisión siempre podrá ser revisada, a petición de parte, por el juez de garantía. Por el contrario, la investigación siempre es reservada para los terceros extraños al procedimiento.

LA VÍCTIMA.

El proceso penal no tiene solo como objetivo el descubrimiento de la verdad material y en su caso imponer la sanción prevista en la ley penal, sino también la realización de pretensiones de carácter patrimonial que deriva del hecho punible y a las cuales tienen derecho la víctima del delito o llamado también agraviado o perjudicado por el ilícito.

Víctima es aquella persona que ve afectados sus bienes jurídicos o disminuida su capacidad de disposición de aquellos, como consecuencia de una conducta infractora de una norma jurídico penal, pudiendo ser el agente culpable o inculpable.

La víctima de un delito, nos dice Sole, es aquel sujeto, persona física o jurídica, grupo o colectividad de personas, que padece directa o indirectamente las consecuencias perjudiciales de la comisión de un delito.

De conformidad con esta acepción el derecho positivo recoge una caracterización descriptiva de la víctima que trasciende una descripción ontológica del ser humano, puesto que víctima puede serlo tanto la persona psicosomática como la persona jurídica.

Aunque, en el derecho comparado, la corte constitucional de Colombia ha distinguido entre víctima y perjudicado. La víctima es el sujeto pasivo del hecho punible, mientras que el perjudicado es aquel cuyos intereses se han visto afectados de manera directa con el hecho punible.

La posición de la víctima en el proceso penal puede ser apreciada desde dos perspectivas. Primero, desde su pretensión individual y económica, dado que requerirá de la asesoría de un abogado para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso. Aquí entra en juego sus posibilidades económicas para tal cometido. En segundo lugar, desde la perspectiva otorgada por el legislador, pues habría que analizar qué posibilidades de actuación se han permitido.

La participación de la víctima en el proceso acusatorio se señala las siguientes atribuciones:

  1. La víctima tiene derecho a presenciar íntegramente la audiencia de justica oral debiendo guardar el debido respeto.
  2. La víctima puede solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas y atentados en contra suya o de su familia. Asimismo, la protección de la víctima es obligación del Ministerio Público, máxime si esta figura se puede aplicar con relación a la protección de los testigos, cuando la víctima cumple tal rol. En esta hipótesis el tribunal en casos graves y calificados puede disponer medias especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare.
  3. Un rol preponderante que cumple la víctima dentro del juicio oral es cuando toma la calidad de testigo en el mismo, aquí su tratamiento pasa ser el de un testigo más mientras dure su participación como tal, esto es hasta que ha declarado, ha sido interrogada y contrainterrogada y ya no es necesaria su presencia para un nuevo interrogatorio, desde ese momento vuelve a tomar la calidad de víctima.
  4. También tiene, algunas legislaciones como la de Chihuahua y Oaxaca de examinar a los órganos de prueba cuando se ha constituido en acusador coadyuvante.

DEFENSA.

En principio, entendemos la defensa a la participación conjunta y coordinada entre el abogado defensor y el imputado.

De acuerdo con el derecho adjetivo, el derecho a una defensa adecuada es concebido como la facultad que tiene todo imputado o acusado de manifestar y demostrar su inocencia o atenuar su culpabilidad.

Es un derecho fundamental que asiste a todo imputado y/o acusado, de ser representado por un perito en derecho, en todo el proceso penal. Inclusive, este derecho en el sistema penal acusatorio, se extiende hasta la ejecución de la sentencia, en la cual, el sentenciado deberá contar igualmente con una defensa adecuada.

Más aún, el derecho a una defensa adecuada es reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio siguiente:

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.

Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.”, y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado.

            De la misma forma, tal y como se desprende de la tesis transcrita los tratados internacionales confirman el derecho de defensa.

            En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, apartado 3, inciso d), señala que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada si no tuviere defensor, del derecho que le asiste de tenerlo siempre y que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8, de las garantías judiciales, apartado 2, inciso d), establece el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

IMPUTADO.

Con relación al imputado, es menester deslindar los títulos que la doctrina le ha atribuido; así tenemos:

  1. Imputado. Para la persona sospechosa de criminalidad no sometida a un auto de procesamiento, pero a lo que se atribuye la comisión de un hecho licito.
  2. Procesado. La persona sobre quien ha recaído en auto de procesamiento, en términos del sistema misto.
  3. Acusado. En el sentido especifico de la palabra, para designar a la persona sometida a juicio oral.
  4. Condenado. Después de la sentencia penal condenatoria firme.

De acuerdo con el nuevo sistema procesal penal al imputado se le puede considerar como el adversario del ente investigador y acusador, el cual conjuntamente con su abogado, son los sujetos que componen la defensa. En ese sentido, el imputado tiene una gama de actividades procesales a desarrollar y en función a sus expectativas de las resueltas del proceso penal, que lo ubican en una igualdad de armas frente al acusador; así mismo, unas de derechos y cargas que según la etapa procesal se ven incrementadas.

Sin embargo, el dinamismo procesal lo hará a través de su abogado defensor. En este sentido, debe gozar de todos los derechos que la ley confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente los siguientes:

  1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinada fuere ciado o por la autoridad policial.
  2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos.
  3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.
  4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que lo defienda.
  5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.
  6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.
  7. Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como para obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado de procedimiento.
  8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación para entrevistas con su patrocinado.
  9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.

Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.

machado
Autor: Maestro en Derecho Eduardo Rodríguez Machado
Universidad Nacional Autónoma de México, Cédula Profesional: 6973735
Rodríguez & Gordillo
Corporativo Jurídico en Nezahualcóyotl, Estado de México y toda la República Mexicana

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