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Los requisitos de procedibilidad en materia penal

Penal

Por requisitos de procedibilidad en materia penal entendemos aquellos requisitos previos a la iniciación de la participación del Ministerio Público en el procedimiento penal, por lo que si no se solicita su intervención a través de tales requisitos, el Ministerio Público no podrá hacerlo por iniciativa propia, salvo en los casos específicos en que el imputado (persona a la que se atribuye la comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito) sea  sorprendido en flagrancia (en el momento de la ejecución del hecho señalado como delito, o bien, inmediatamente después de su ejecución), en alguno de los supuestos previstos por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.[1] De esta forma, existen diversos medios por los que la noticia criminal puede llegar al conocimiento del Ministerio Público, para que éste inicie la carpeta de investigación correspondiente, (conjunto de registros de la actividad del Ministerio Público, policía, defensa y asesor jurídico en relación al hecho aparentemente constitutivo de delito) pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece de manera genérica que para proceder penalmente en contra de una persona debe existirdenuncia, querella o su requisito equivalente.

Bajo la anterior, tesitura, por denuncia se entiende el requisito de procedibilidad mediante el que cualquier persona podrá poner en conocimiento del Agente del Ministerio Público, sobre la comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito que resulta perseguible de oficio, es decir, bastará para el inicio de la investigación, la comunicación que haga cualquier persona, para poner en conocimiento de la autoridad investigadora, los hechos que pudieran ser constitutivos de delito (artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales). La querella por su parte, es el requisito de procedibilidad por medio del cual resulta necesaria la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido (la persona que resintió directa o indirectamente el daño ocasionado con el hecho aparentemente constitutivo de delito) o de quien legalmente se encuentre facultada para ello, a fin de manifestar su pretensión en el sentido de que es su deseo proceder penalmente en contra del imputado y en su caso, ejercitar la acción penal en su contra (artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales), por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella, deberá informarle a la víctima u ofendido o quién pueda formularla.

Ahora bien, los requisitos equivalentes no se encuentran regulados en forma expresa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que se encuentran previstos en alguna ley especial, como pudiera ser el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro, o incluso, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o un tratado internacional y estos pueden consistir en la manifestación, opinión, resolución o solicitud de alguna autoridad, organismo público o de un gobierno extranjero en el sentido de que se proceda penalmente en contra de una persona, consecuentemente, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, cuya persecución dependa de un requisito equivalente que deba formular alguna autoridad u organismo público, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Asimismo, las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten (artículo 221, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Dentro de losrequisitos equivalentesse encuentran: 1.- La autorización y  2.- La excitativa. La autorización consiste en la aprobación que otorgan los representantes de los órganos públicos o autoridades competentes para que se prosiga acción penal en contra de una persona, en los casos expresamente previstos en la ley. De esta forma, atendiendo a la cualidad o especial situación del imputado, será necesario satisfacer ese requisito para proceder en su contra, pero es evidente que no lo será para que se inicie la preparación de la acción penal, aunque sí para proseguirla.[2]

1.- La autorización a su vez contempla a las siguientes figuras: a) La declaratoria de procedencia; b) La declaratoria de perjuicio; y c) La opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).

a) La declaratoria de procedencia consiste en la resolución por parte de la Cámara de Diputados en el sentido de que ha lugar a proceder penalmente en contra de alguno de los funcionarios públicos previstos en el artículo 111 de la Constitución Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, por lo que se le retira de su cargo para que las autoridades competentes puedan actuar dentro del ámbito de su competencia.

b) La declaratoria de perjuicio por su parte es la manifestación de una dependencia de gobierno en el sentido de que se ha causado perjuicio al Estado y que constituye un requisito de procedibilidad en los delitos fiscales. De esta forma, el artículo 92, fracción II y III del Código Fiscal de la Federación establece expresamente que para proceder penalmente por los delitos fiscales, enumerados en su Capítulo II, De los delitos fiscales, del Título IV,  De las Infracciones y Delitos Fiscales, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declare que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio en términos de lo establecido en los artículos 102, 103 y 115 del referido ordenamiento, mismos que prevén y sancionan las diversas hipótesis normativas para el delito de contrabando, así como que formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido. Fuera de los casos anteriores, bastará con que se presente la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación.[3]

c) La opinión de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro). Se trata de un requisito de procedibilidad de carácter excepcional que se presenta exclusivamente cuando se trate delitos financieros, para lo cual antes de la petición que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los organismos auxiliares de crédito o casas de cambio o quien tenga interés jurídico ante al Ministerio Público de Federación, deberá recabarse la opinión de alguno de los organismos públicos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pudiera ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.[4]

2.- Finalmente, la excitativa constituye en la petición que hace un Estado extranjero, por conducto de su representante acreditado ante los Estados Unidos Mexicanos, para que se proceda penalmente, en su caso, en contra de la persona que haya proferido injurias al Estado extranjero peticionario, o a sus agentes diplomáticos o consulares. El procedimiento para llevar a cabo la excitativa, no está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, en la práctica el embajador o el agente del Estado ofendido, puede solicitar al agente del Ministerio Público Federal, se avoque a la investigación de los hechos. También es factible que, a solicitud del Estado ofendido, sea el funcionario competente del Estado mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien formule la excitativa ante el Fiscal General de la República, lo que se justifica en un principio del Derecho Consuetudinario Internacional que a su vez fue previsto por el artículo 29 de la Convención de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas, de fecha 18 de abril de 1961.


  1. BENITEZ GRANADOS, Teófilo. Una visión práctica del procedimiento penal mexicano, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, México, 2009, p. 62.
  • COLIN SÁNCHEZ, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Editorial Porrúa, México, 2008, p. 336.
  • BAILÓN VALDOVINOS, Rosalío. Derecho Procesal Penal. Editorial Mundo Jurídico, México, 2008. p. 35.
  • ARILLA BAS, Fernando. El Procedimiento Penal en México. Vigésimo quinta edición, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 70.
  • COLIN SÁNCHEZ, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Editorial Porrúa, México, 2008, p.336.
Autor: Dr. Eduardo Preciado Sánchez
Abogado postulante en materia penal, administrativa y amparo en la Ciudad de México.
Licenciatura en Derecho: Centro Universitario Francés Hidalgo (cédula profesional 3772054)
Especialidad en Juicios Orales: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Derecho Procesal Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (cédula 5983794)
Doctorado en Derecho Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Maestría en Pedagogía: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Doctorado en Educación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Posdoctorado en Derecho: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

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